DOJ pide revisión judicial del parque eólico marino Maryland Offshore Wind

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un tribunal federal de Maryland que devuelva al Departamento del Interior la aprobación del plan de construcción y operaciones (COP) del proyecto eólico marino Maryland Offshore Wind, para someterlo a una revisión adicional. Se trata de la segunda vez en pocos días que la administración recurre a esta táctica legal para frenar el desarrollo de la energía eólica marina en el país.

El proyecto, desarrollado por US Wind, tiene su origen en una subasta de 2014 y combinó dos arrendamientos en un solo plan en 2018, iniciando el proceso de revisión en 2020. La Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM) y el Departamento del Interior otorgaron la aprobación final el 3 de diciembre de 2024, contemplando hasta 114 turbinas eólicas, cuatro subestaciones marinas, cuatro cables de exportación y una torre meteorológica de 100 metros, con una capacidad potencial de 1,8 GW.

El plan enfrenta ocho demandas contra el Departamento del Interior y otras ocho contra US Wind, de las cuales la corte ya desestimó tres cargos vinculados a la ley de procedimiento administrativo, el impacto sobre aves migratorias y la ley de manejo de zonas costeras, mientras cuatro siguen pendientes. En su presentación, el Departamento de Justicia calificó de claramente inexacto un reclamo contra NOAA Fisheries por el impacto en mamíferos marinos, pero a la vez pidió que se revise el cumplimiento de la ley de la Plataforma Continental Exterior, citando posibles impactos adversos mayores sobre la ballena franca del Atlántico Norte, los recursos escénicos y visuales, la pesca comercial y la investigación científica.

La maniobra se suma a una serie de intentos similares del gobierno: días antes había pedido la misma devolución para el proyecto Revolution Wind, frente a Rhode Island, que ya completó su instalación y se encuentra en la etapa final de puesta en marcha, y que según un medio brasileño fue valuado en 6.200 millones de dólares. Poco después, el Departamento de Justicia repitió el pedido por cuarta vez en pocos días, esta vez contra New England Wind, frente a Massachusetts, y también contra el proyecto Atlantic Shores, en Nueva Jersey.

Desde que asumió en 2025, la administración Trump combinó revisiones de permisos, órdenes de detención de obra y la recompra de arrendamientos a cambio de que las empresas invirtieran en distintos proyectos de combustibles fósiles. Varios estados presentaron demandas judiciales para cuestionar la legalidad de esas recompras, mientras los tribunales ya habían fallado en contra de las órdenes de detención de obra y de la revisión indefinida del proceso de aprobación.