EE.UU. fija para el 19 de noviembre su primera subasta de minería submarina

El gobierno de Trump programó para el 19 de noviembre la primera subasta de arrendamiento de minerales en aguas profundas en la historia de Estados Unidos, que abrirá más de 31 millones de acres de lecho marino cerca de Samoa Americana a empresas que buscan minerales críticos. La Administración de Minerales Marinos (MMA, por sus siglas en inglés) del Departamento del Interior, antes conocida como Bureau of Ocean Energy Management, publicó el aviso final de arrendamiento el lunes 19 de octubre, último paso administrativo antes de que las compañías puedan ofertar por derechos de exploración y eventual desarrollo de yacimientos minerales en la plataforma continental exterior de EE.UU.

La subasta, denominada PACM-1, comprende dos áreas de arrendamiento que suman aproximadamente 31,5 millones de acres: una de 16,3 millones de acres y otra de 15,2 millones de acres. Cada área tiene una oferta mínima de 3 millones de dólares y un plazo de arrendamiento primario de 20 años, con regalías de producción que comienzan en 2% durante los primeros cinco años de minería comercial y suben a 5% después. Las empresas interesadas en participar debían presentar sus propuestas antes del 18 de noviembre, un día antes de la subasta. Ganar un contrato no habilita de inmediato la extracción: los titulares solo podrán realizar actividades preliminares como mapeo y relevamientos ambientales, mientras que la exploración más extensa y la extracción comercial requerirán aprobaciones federales y revisiones ambientales adicionales.

Para avanzar en un cronograma cercano, la MMA recurrió a una disposición de la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior (OCSLA) que permite realizar una subasta exclusiva de EE.UU. al margen de la supervisión de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), evitando así el debate sobre si ese organismo debería licenciar la actividad minera. La organización ambientalista Earthjustice presentó una demanda para bloquear la subasta, argumentando que la OCSLA no autoriza el arrendamiento minero en un territorio no incorporado como Samoa Americana y que la administración no cumplió con sus obligaciones bajo tratados internacionales.

El anuncio generó fuertes críticas de grupos ambientalistas. Oceana señaló que las áreas de arrendamiento propuestas están cerca del Monumento Nacional Marino de Rose Atoll, un área protegida que alberga tortugas marinas, ballenas jorobadas y otras especies. Según investigadores y organizaciones ambientales, los nódulos polimetálicos tardan entre dos y tres millones de años en regenerarse si son removidos, y la minería submarina podría generar penachos de sedimentos con metales pesados que afecten a especies más allá de los sitios de extracción inmediatos.

El gobernador de Samoa Americana, Pulaali'i Nikolao Pula, pidió durante el proceso de consulta un mayor monitoreo ambiental, protecciones para la pesca de atún y más control sobre los buques que usan el puerto de Pago Pago, además de que se consideren los efectos acumulativos del tráfico marítimo vinculado a la minería sobre la infraestructura portuaria. También solicitó una participación en los ingresos federales por arrendamiento minero, a lo que la MMA respondió que la ley vigente no contempla actualmente ese reparto.