EPPO acusa a funcionarios rumanos por fraude en remolcadores financiados por la UE

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) presentó una acusación ante la justicia rumana contra cuatro funcionarios de la Administración del Bajo Danubio (AFDJ Galați), un individuo y una empresa, por un presunto esquema de fraude en la adquisición de dos remolcadores financiados por la Unión Europea para el río Danubio. Según los fiscales, el caso provocó un daño estimado de alrededor de 7 millones de euros al presupuesto comunitario.

La compra de los dos remolcadores multipropósito con clase de hielo se financió con fondos del Programa Operativo de Infraestructura Grande 2014-2020 y estaba destinada a mejorar la navegación en el Bajo Danubio, incluso durante períodos de bajante, y a asistir a buques en peligro. La EPPO sostiene que las especificaciones del pliego incluían requisitos técnicos propios de buques de navegación marítima, pese a que las embarcaciones estaban pensadas para vías navegables interiores, lo que habría restringido el número de oferentes y favorecido a una sola empresa.

Los remolcadores fueron entregados en 2021 -en julio de ese año según precisó Baird Maritime- con un calado real de 2,6 metros, por encima del máximo de 2 metros establecido en el contrato. Pese a esa diferencia, los cuatro funcionarios públicos habrían aceptado las embarcaciones y firmado actas de recepción final en las que certificaron falsamente que cumplían con las especificaciones técnicas exigidas.

La EPPO advierte que el calado excedido limita el uso seguro de los remolcadores a tramos del Danubio con niveles de agua suficientemente altos, reduciendo justamente su utilidad en los períodos de bajante para los que habían sido concebidos. La acusación fue presentada ante el tribunal de Iași y, de ser hallados culpables, los imputados podrían enfrentar penas de entre tres años y diez años y medio de prisión; todos mantienen la presunción de inocencia mientras no haya una sentencia firme.

Según Baird Maritime, la licitación se había lanzado en septiembre de 2019 por un valor contractual total de 35.144.000 de leus rumanos (unos 7.302.505 dólares), y en marzo de 2024 la EPPO había allanado doce locales vinculados a la AFDJ y a la Autoridad Naval rumana. En ese momento, medios locales reportaron que el lote de los remolcadores fluviales había sido adjudicado a Tehnorex International tras la presentación de una única oferta, mientras que la entonces directora general de la AFDJ Galați, Angela Ivan, declaró que la licitación había sido aprobada por la agencia nacional de contrataciones públicas y que los remolcadores habían sido utilizados en ciertas operaciones sobre el río.