Puerto Barú: disputa entre McKeown y Bacon por puerto de US$250 millones en Panamá

El proyecto portuario multipropósito Puerto Barú, impulsado por el desarrollador estadounidense John McKeown en la provincia panameña de Chiriquí, enfrenta una fuerte oposición financiada por el multimillonario estadounidense Louis Bacon, quien respalda una alternativa de puerto en Puerto Armuelles, unos 80 km al oeste de David. El costo del proyecto se estima en US$250 millones, según Puerto Barú, aunque otra valoración recogida por Bloomberg lo sitúa en US$260 millones.

Puerto Barú ocupa 124 hectáreas y contempla muelles comerciales, de carga líquida y turísticos, manejo de contenedores, almacenamiento, silos, un parque logístico, una marina e instalaciones de zona franca, con la primera fase de operaciones prevista para el primer y segundo trimestre de 2028. La empresa que lidera McKeown lo presenta como el primer puerto "verde" de Panamá, pensado para aliviar la presión sobre los centros comerciales de Ciudad de Panamá e integrarse a las rutas hacia Norteamérica y Asia.

La controversia gira en torno a la resolución ambiental DEIA-IA-0003-2024, emitida el 16 de enero de 2024. Seis organizaciones panameñas, entre ellas el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta el Bosque Panamá, impugnaron la aprobación ante la Corte Suprema en el expediente 99129-2024, mientras un segundo caso, el expediente 50182-2025, también cuestiona la resolución sin que exista fallo definitivo. La promotora del proyecto presentó en agosto de 2025 denuncias penales contra esas dos organizaciones por calumnia, injuria y delitos contra la economía nacional, lo que derivó en medidas cautelares que congelaron sus cuentas bancarias y otros bienes.

Bacon argumentó que los responsables del proyecto carecen de experiencia en el desarrollo u operación de puertos comerciales y advirtió que se trata de una de las zonas ambientalmente más sensibles de Panamá, calificando las acciones legales contra las ONG como una forma de hostigamiento judicial contra denunciantes. McKeown respondió que jamás habría comprometido sus recursos en el desarrollo si creyera que Puerto Barú causaría un daño significativo al país, y rechazó la alternativa de Puerto Armuelles por considerarla comercialmente inviable debido a su mayor distancia de las principales zonas agrícolas de Chiriquí.

El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, señaló que la cartera está legalmente obligada a respetar la aprobación ambiental otorgada por una administración anterior y que acatará lo que resuelva la Corte Suprema, al tiempo que expresó preocupación por la naturaleza de las demandas contra las ONG. Bacon, propietario del resort ecoturístico Islas Secas, financió un plan alternativo para trasladar el puerto a Puerto Armuelles y una evaluación que estimó en unos US$30 millones el costo ambiental del proyecto a lo largo de 20 años, mientras que un estudio económico de 2021 encargado por la empresa proyectó la creación de más de 1.100 empleos.