
Valenciaport adjudica obras del paseo marítimo elevado de La Marina
Cubierto por 3 fuentesPublicado
La Autoridad Portuaria de València (APV) adjudicó las obras de rehabilitación de la estructura metálica del paseo marítimo elevado ubicado en el dique norte de La Marina del Puerto de València. La unión temporal de empresas formada por Sorigue Acsa Conservación de Infraestructuras y Acsa Obras e Infraestructuras resultó adjudicataria de la actuación, que cuenta con un presupuesto de 2.257.841,15 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 15 meses desde la formalización del contrato.
Alcance de las obras
Los trabajos contemplan la limpieza, reparación y tratamiento de la estructura metálica para reforzar su conservación, así como la reparación de los bancos y de la pérgola ubicada al final del paseo, próxima a la bocana de acceso al puerto. También se mejorarán las escaleras de acceso, las barandillas y la iluminación, con el objetivo de reforzar la seguridad y funcionalidad del recorrido peatonal.
Condiciones ambientales
La licitación incorpora condiciones especiales de ejecución de carácter ambiental orientadas a fomentar el uso de energías renovables, por lo que se evitará el empleo de generadores eléctricos y compresores accionados por motores térmicos. Además, los materiales susceptibles de reutilización deberán gestionarse a través de un gestor autorizado.
Interacción puerto-ciudad
Esta actuación se suma a otras iniciativas de interacción puerto-ciudad emprendidas o en proyecto por parte de la Autoridad Portuaria de València en el entorno de La Marina, entre ellas las mejoras en el Muelle de la Aduana, las actuaciones en el entorno del edificio del Reloj y el proyecto de traslado del antiguo faro.
Más destacadas
WinGD y HD Hyundai Marine Engine firman acuerdo de licencia en Corea del Sur
MOL y CMB.TECH nombran los primeros tres graneleros Capesize a amoníaco del mundo
Buque con bandera panameña, en llamas tras ataque en el Estrecho de Ormuz
Corte Suprema británica falla a favor del London P&I Club por el caso Prestige